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Las empresas cotizadas españolas estarán obligadas a informar sobre cualquier compra de acciones que hagan de otra compañía con la que compartan un miembro del consejo, a partir de julio. Llegan cambios normativos desde Europa con el objetivo de fortalecer las reglas de buen gobierno y transparencia de las compañías. Uno de ellos es la transposición de la directiva comunitaria sobre abuso de mercado y su respectivo reglamento de aplicación. Actualmente, la legislación española obliga a los mismos vocales a comunicar cualquier transacción de títulos entre las compañías de las que son consejeros. Sin embargo, en la práctica, este requisito es difícil de cumplir y los administradores siempre pueden ampararse en el desconocimiento de la operativa diaria de la compañía, sobre todo, cuando se trata de vocales independientes, que no están en el día a día de la empresa. «Ahora, es la sociedad la que tiene la obligación de comunicar» la transacción. La normativa no se refiere a las participaciones de control, que se regulan por otra ley, pero sí a las pequeñas transacciones (aunque afecten sólo a una única acción), que hasta ahora podían pasar desapercibidas.

La asignación internacional es una fórmula cada vez más utilizada por las empresas, que tienen cada vez más negocio en el exterior. Se trata de una gran oportunidad profesional para el desplazado. Hay desplazados nómadas, que saltan de país en país, y expatriados para proyectos puntuales. Las condiciones económicas de los puestos intermedios son las que más se han resentido. «Actualmente la mayoría de desplazados ha perdido la repatriación, pues ya no se garantiza el puesto a su vuelta; tampoco se paga ya, en la mayoría de los casos, el colegio de los niños; se han reducido los viajes de ida y vuelta; se han ajustado las asignaciones para vivienda; y se han equiparado sus sueldos con las nóminas de los locales de sus mismas categorías, con lo que se generan menos diferencias».

La cifra de trabajadores sorprendidos en situación irregular ha crecido en los últimos años, pese a reducirse las inspecciones. En La Rioja, durante la última década, la Inspección ha forzado el alta de casi 3.000 trabajadores en situación irregular (678 a falta de contabilizar los resultados del año 2015) y la cifra parece haber ido creciendo durante los años de la crisis. El volumen de las sanciones que llevan aparejadas las altas forzadas por la Inspección ha crecido en proporciones geométricas. Solo en La Rioja, las multas en el año 2014 ascendieron a 2,25 millones de euros, una cifra suculenta que contrasta con las magras cantidades cobradas en ejercicios anteriores.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan los requisitos de seguridad, técnicos y de comercialización de las motos náuticas, embarcaciones de recreo y sus componentes. Este texto traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva comunitaria del 20 de noviembre de 2013 relativa a las embarcaciones de recreo y a las motos acuáticas y que deroga otra Directiva de 1994. Establece nuevos requisitos técnicos de seguridad. Introduce preceptos en materia de vigilancia del mercado, lo que constituye el aspecto más novedoso de esta norma.