El Plan del Gobierno contra la temporalidad fraudulenta, que arrancó el pasado mes de febrero ha logrado transformar 78.668 contratos hasta el mes de marzo. Así se refleja en una respuesta parlamentaria. En concreto, los datos indicados por el Ejecutivo están actualizados a 31 de marzo, logrando con estos primeros meses del Plan, el tercero puesto en marcha por el Gobierno. Por comunidades, la región con mayor conversión de contratos fue Andalucía, con 22.702, seguida por Madrid, con 10.086 contratos; Cataluña, con 9.152; y Comunidad Valenciana, con 7.999 contratos.

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El precio al carbono se extiende poco a poco en las compañías. Más de 1.200 abordan esta política, un 23% más que en 2015, según un informe de CDP.

Acciona ha establecido un precio a los gases de efecto invernadero que genera su actividad. Unos costes que se contabilizarán en sus planes de negocio e inversión como parte de su estrategia 2016-2020 de lucha contra el cambio climático; el objetivo es alcanzar un carbono neutro.

De hecho, sus emisiones bajaron un 43% en 2015, hasta las 605.000 toneladas, frente a 2010, por su apuesta renovable, medidas de eficiencia, desinversión en cogeneración e innovación, señala Juan Ramón Silva, director general del área de sostenibilidad.

Parece que el cambio climático comienza a preocupar seriamente en las empresas y ya cala en su día a día y proyectos de inversión, por los riesgos que implica en el medio y largo plazo. Un avance que se produce, en parte, por los compromisos medioambientales adquiridos en la pasada COP21 de París (mantener la temperatura media por debajo de los dos grados), por la presión regulatoria y por las exigencias verdes de los inversores, pero también por las oportunidades que ofrece este escenario y la mayor conciencia ecológica.

ENTRE LAS EUROPEAS FIGURAN UNA TREINTENA DE FIRMAS ESPAÑOLAS

Según recoge el reciente informe Embedding a carbon price into business strategy, publicado por la organización sin ánimo de lucro Carbon Disclosure Project (CDP), en 2016, 1.249 compañías del mundo incorporaron, o lo harán en breve, un mecanismo interno de fijación de precio al carbono en su estrategia empresarial, un aumento del 23% con respecto a 2015. Un valor que oscila entre 0,9 céntimos y 726 euros por tonelada. De ese monto, 517 lo utilizan como una variable de riesgo y 732 prevén implementarlo en 2018.

Mientras, 147 lo toman ya en cuenta tanto en las operaciones como en la estrategia, “de manera profunda”, añade el estudio, que entrevista a 5.759 empresas. Pero los esfuerzos son aún insuficientes frente a las altas temperaturas, advierte el estudio.

Entre las europeas figuran 37 compañías españolas de los sectores de infraestructuras (Abengoa, Acciona, Ferrovial, OHL), aéreo (IAG), acero (Acerinox), farmacéutico (Ercros), textil (Inditex), energético (Enagás, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Cepsa, Repsol), distribución (Grupo Logista) y financiero (Banco Popular, CaixaBank y Banco Cooperativo). Las citadas, ya fijan el precio en su estrategia.

Es el caso de Inditex. La multinacional ha invertido en los últimos cinco años más de 700 millones en la modernización de sus centros logísticos. El año pasado, en concreto, la construcción de edificios con certificación Leed (sostenible) como el de Cabanillas (Guadalajara), las medidas de eficiencia (uso de bombillas led), producción de energía renovable (47 millones de kWh en 2015) y la optimización de procesos bajaron un 19% la huella por prenda, hasta los 548,38 gramos de CO2., informa la compañía.

A LA ESPERA DE REGLAS DE JUEGO CLARAS

El consumo industrial, la generación eléctrica y el transporte aéreo son los únicos sectores que pagan por emitir dióxido de carbono en España, a través del sistema de comercio de emisiones europeo (ETS, por sus siglas en inglés), indica Laureano Álvarez, socio de Monitor Deloitte.

Antes, el sistema establecía un límite anual de gases de efecto invernadero que se reducía progresivamente, por lo que cada emisor, incluidas las centrales de generación, recibía derechos gratuitos de emisión. Pero si superaba el tope, debía comprar esos derechos en el mercado, explica.

Sin embargo, “a partir de 2013, se introdujo el método de subasta progresiva para que las empresas eléctricas adquirieran todos sus derechos por esta vía, mientras otras industrias reguladas [como el transporte] mantienen un porcentaje gratuito”, señala.

De ahí “su eficacia limitada”, opinan en Deloitte, porque la recesión económica propició un descenso en los precios por contaminación, desde 27 euros por tonelada en 2008 a 8 euros en 2015.

Tampoco valora el coste de la externalidad medioambiental ni distribuye los esfuerzos entre todas las empresas emisoras. “En España, más del 50% de las emisiones no están sujetas al régimen ETS, como las de transporte, residencial o servicios”, apunta Álvarez y añade que el precio necesario para descarbonizar la economía debe situarse entre 20 y 40 euros la tonelada.

Además, ha abierto 330 tiendas ecoeficientes (la meta es que sus 3.778 lo sean en 2020) y ha lanzado su colección Join Life, fabricada con algodón orgánico, fibras recicladas y producida con energía limpia. Su precio de referencia es de 27,2 euros por tonelada, según CDP. En cuanto a Acciona, oscila entre 35,5 y 73 euros.

También Iberdrola quiere ser neutra en carbono en 2050. Por eso, el 33% de su inversión de 24.000 millones a 2020 irá a instalaciones renovables. De hecho, el 66% de su capacidad mundial instalada (44.241 megavatios) está libre de emisiones, asegura la empresa. Su presidente, Ignacio Galán, ha abogado por establecer las mismas reglas de juego para todos los agentes, de manera que se eliminen los subsidios a los productores más contaminantes. Su precio por tonelada es de 30,7 euros, revela CDP.

UN FALLO DEL MERCADO

Expertos del Grupo de Inversores Institucionales sobre el CambioClimático (IIGCC, por sus siglas inglesas) consideran que si no se penalizan las actividades contaminantes, los agentes económicos carecerán de incentivos para buscar alternativas menos nocivas.

De ahí que califiquen el calentamiento como “el mayor fracaso del mercado”. Y es que hasta el año pasado hubo pocas señales, pero el acuerdo de París, suscrito por 195 naciones y donde más de la mitad prevé usar esta medida, es un precedente que ha elevado la colaboración empresarial. Y pese a que este régimen no se ha establecido todavía de forma global, está en estudio o en marcha en Brasil, China, India, Japón, México, Corea del Sur y EE UU.

En Europa, el mercado de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), la referencia española, funciona desde 2005, pero con fallos. “Es ineficiente. Hemos pasado de 22 euros la tonelada en 2007 a cerca de 5 euros el año pasado, por la caída del volumen de las emisiones tras la crisis, derivada de la menor actividad industrial. Ahora contaminar es mucho más barato”, afirma José María González, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables. Tampoco incluye al transporte y residencial, cuando debería actuar sobre toda la economía, opina.

¿Pero qué debe determinar la tasa? Entre las soluciones que se barajan están una fiscalidad fija a las fuentes fósiles, quien contamina, paga; que los productos especifiquen en su etiqueta el tipo de energía utilizada en su fabricación y se encarezca o no en función de esto, y suscitar mercados más flexibles y ágiles para que se adapten mejor a la realidad.

Desde el IIGCC insisten en que es una herramienta esencial para disminuir la quema de combustibles fósiles y favorecer la inversión en tecnologías limpias. Por tanto, reclaman un precio alto que garantice el cambio de rumbo.

Mientras esto sucede, las multinacionales consultadas por CDP creen que este régimen favorece la prudencia, mitiga mejor los riesgos y el impacto regulatorio; prioriza las medidas de eficiencia, inversiones renovables y el desarrollo de productos o servicios menos dañinos.

Repsol es otro ejemplo. Desde 2005, tanto sus operaciones de exploración y producción de petróleo como las de refino están incluidas en el mercado europeo de emisiones, comenta Antonio López Rodríguez, gerente de gestión de energía y carbono de la empresa.

Si antes solo la segunda división aportaba el 85% del CO2, tras la compra de la canadiense Talisman ha conseguido que cada negocio genere un 50%. Con su primer plan de energía y carbono 2006-2013 logró bajar 3,1 millones de toneladas al año, mientras que con el segundo, 2014-2020, prevé disminuir 1,9 millones adicionales.

EL PAGO POR CONTAMINACIÓN, CLAVE PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA VERDE, DICEN LOS EXPERTOS

Unas metas que se consiguen, principalmente, a través de acciones de eficiencia energética. A la fecha, son 4 millones de toneladas menos, equivalentes a haber retirado de circulación unos 3 millones de coches, ilustra Rodríguez.

“Es una medida que, poco a poco, se está extendiendo. Canadá anunció hace unos días una valoración del CO2 a escala federal, ya sea mediante una tasa o bien, con un cap & trade (comercio de emisiones), para reforzar su aplicación en todas las provincias”, apunta. La petrolera no divulga el precio que utiliza.

SECTORES EN RIESGO

Sin embargo, más de 3.200 empresas dicen que carecen de dicho mecanismo y tampoco lo tienen previsto para los próximos años. Incluso, otras 1.223 eludieron la pregunta. De esa cifra, más de 500 son industrias altamente contaminantes, lo que contrasta con las 370 del mismo sector que lo han implementado, y donde paradójicamente 400 de ellas tienen sede en países que lo están considerando, están en proceso o ya lo han fijado. El CDP pide más transparencia.

El sector energético y el de utilities lideran esta iniciativa, con la mayor proporción de empresas participantes, del 63% y 52%, respectivamente. En cambio, los de telecomunicaciones, materiales, financiero, información tecnológica, consumo, industria y cuidado de la salud están, en ese orden, a la cola.

INFRAESTRUCTURAS, LÍDER EN SOSTENIBILIDAD

Entre las empresas del Ibex 35, Acciona, Ferrovial, Telefónica e Iberdrola encabezan el ranking de sostenibilidad en España, con una valoración en torno al 70% sobre 100, según otro estudio reciente de la consultora Carbon Clear, que evalúa el estado de las grandes.

“En general, el sector empresarial progresa en la medición y disminución de su impacto ambiental y, a la vez, lleva a cabo medidas de adaptación para un futuro bajo en carbono”, indica.

Así, más del 40% de las compañías del Ibex adquieren electricidad de fuentes limpias, en sintonía con los protocolos internacionales sobre gases de efecto invernadero. Además, se fijan metas de reducción de emisiones y de consumo de agua, o lo prevén para los próximos años; calculan los riesgos climáticos en sus áreas de negocio y hacen referencias sobre la economía circular, entre otros, añade el informe.

En el caso de Acciona y Ferrovial, en el top, la consultora destaca que “ambas han demostrado un compromiso claro en su lucha contra el cambio climático” a través de objetivos concretos de reducción de dióxido de carbono, el desarrollo de productos y servicios bajos en carbono, uso de renovables, innovación e inclusión de la variable sostenible en sus estrategias empresariales. Con todo, advierten de que la velocidad de las actuaciones es todavía lenta respecto del desafío que hay por delante.

(Fuente: https://cincodias.elpais.com/)

La vicepresidenta tercera y titular de Trabajo afirmó que España va a ser “de los primeros países” en presentar su plan.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró este jueves que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que el Gobierno español canalizará los fondos europeos está “cerrado” y se presentará la “próxima semana”.

Díaz hizo estas declaraciones en Bruselas, donde acudió para reunirse con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario del Euro y del Diálogo Social, Valdis Dombrovskis.

La vicepresidenta tercera y titular de Trabajo afirmó que “todos los componentes, todas las reformas de todos los ministerios están cerradas” y que España va a ser “de los primeros países” en presentar su plan.

Aseguró que tanto el Gobierno como la Comisión conocen “pormenorizadamente el alcance de las reformas estructurales que vamos a planear en materia de trabajo”, así como los agentes sociales también “conocen el alcance”. Puso el acento en que está “absolutamente consensuado” en el seno del Ejecutivo.

Díaz aseveró que “compartimos completamente las recomendaciones” que la Comisión Europea ha hecho para España y “va a ser la primera vez que las abordemos”.

Repasó algunas de las reformas planteadas por su departamento en un borrador del plan, como es la simplificación del menú de contratos para tener uno indefinido, uno temporal y uno formativo; un sistema de flexibilidad interna; “modernizar” el mercado de trabajo, o unas nuevas políticas activas de empleo.

Apuntó que el plazo de ejecución de las reformas en el ámbito laboral es de este año y aprovechó para recordar que las reformas se están tratando en el marco del diálogo social en el que ya hubo una reunión ayer, miércoles, sobre los temas a modificar de la reforma laboral.

 

La gran quantitat d’ERTO que ha tramitat el SEPE ha provocat que s’hagin produït molts errors, ja sigui per no haver rebut cap prestació, rebre-la tard o per haver cobrat de més.

Els cobraments de més poden afectar l’IRPF, i s’han produït principalment per dos motius:

1) Treballadors que han estat en ERTO, han tornat a treballar i continuen cobrant aquesta prestació.
2) Treballadors que han rebut imports superiors als que els correspondrien.

En el cas de cobraments de prestacions indegudes pel SEPE, de cara a l’Agència Tributària es poden donar dos supòsits:

1) Que el reintegrament del pagat en excés pel SEPE ja s’hagi produït en 2020.

En aquest cas, a l’Agència Tributària ja li constarà la quantitat correcta; aquest import correcte apareixerà reflectit en les dades fiscals i el contribuent presentarà la seva declaració normalment a partir d’aquestes dades, sense haver de sol·licitar rectificacions posteriors.

2) Que el reintegrament del pagat en excés pel SEPE no s’ha produït en 2020.

En aquest cas és necessari distingir dues alternatives:

      a) Que el SEPE ja hagi iniciat el procediment de regularització.

En aquest cas el SEPE el comunicarà a l’Agència Tributària i en les dades fiscals l’Agència informarà el contribuent dels dos         imports: l’inicialment abonat pel SEPE i el de la devolució ja practicada, o pendent de realitzar pel contribuent al SEPE. Si           el contribuent està d’acord amb les quanties a reintegrar al SEPE, podrà traslladar aquesta informació a Renda Web i                   presentar el seu IRPF.

      b) Que el SEPE no hagi iniciat el procediment de regularització.

En aquest cas si el SEPE ha comunicat a l’Agència Tributària que ha detectat quanties indegudament percebudes, l’Agència         Tributària informarà el contribuent en dades fiscals que existeix una quantitat pendent de devolució al SEPE, però no                   podrà concretar la seva quantia perquè no la coneix. Figurarà en Renda Web l’apartat corresponent a quanties                                 indegudament percebudes pagades pel SEPE per ERTO, però sense import.

SEPE: informació fiscal de l’exercici 2020 de beneficiaris de prestacions per ERTO COVID-19

A la pàgina web del SEPE es comunica que per Acord entre el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), i l’Agència Tributària (AEAT) sobre intercanvi d’informació fiscal de l’exercici 2020 de beneficiaris de prestacions ERTO com a conseqüència de la COVID-19, el SEPE ha comunicat a l’AEAT totes les possibles percepcions indegudes derivades de prestacions per ERTO COVID-19 corresponents a l’exercici 2020 que consten fins al mes de març de 2021, inclosos els casos en els quals no s’ha iniciat el procediment de reclamació, i amb independència de si s’ha procedit o no a la devolució. La informació remesa a l’AEAT s’actualitzarà per part del SEPE de manera periòdica.

Si no ha rebut comunicació del SEPE, però consta informació de percepció indeguda en les dades fiscals, NO ACUDEIXI a la seva oficina de prestacions. Pròximament se li notificarà l’inici del procediment.

Atès que l’AEAT comptarà, en tot moment, amb informació actualitzada, no serà necessària l’aportació de certificats d’imports ni de cap altra documentació per part dels interessats.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema. Estarem encantats d’atendre’l/la: 977449033

Una salutació cordial,

Palomo Consultors, SL