La rebaja de la edad a 52 años para acceder al subsidio de 426 euros al mes a los trabajadores en paro sin ningún ingreso no saldrá de un acuerdo tripartito, sino de uno entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo resaltan que «el subsidio ahora mismo se está negociando en el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado». No obstante, anunció hace unos días a los agentes sociales que la reforma estará aprobada en enero y, si no puede ser mediante los Presupuestos, será con un texto propio. El Gobierno estima que la medida beneficiaría a 114.000 personas nuevas que accederán al sistema de protección. Pero, además, señalan que permitirá que 372.000 trabajadores accedan a una pensión de jubilación algo más digna, pues de no llevarse a cabo la reforma debería jubilarse de forma anticipada, por dejar de percibir el subsidio a los 61 años.

EL COSTE DEL SUBSIDIO, SUMANDO LOS DERECHOS ACTUALES Y LOS NUEVOS, SERÁ DE 1.363 MILLONES

En total, 3.070 millones para los próximos años. A los que hay que sumar al menos mil millones que es el coste actual, según se desprende del borrador remitido a Bruselas, que cifra en 1.364 millones el subsidio de 52 años.

El texto que se ha negociado, y pactado, con los sindicatos es muy similar al que existía antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy ampliase de 52 a 55 años el derecho a percibir el subsidio. Como principal novedad está la posibilidad de que los menores de 52 años podrán solicitarlo cuando cumplan dicha edad, siempre que hayan estado inscritos en las oficinas de empleo.

El Congreso aborda esta semana el polémico impuesto de sucesiones y donaciones, que grava las herencias de forma diferente según las comunidades autónomas, ya que se trata de un gravamen transferido. El grupo parlamentario de Ciudadanos plantea el martes en el Pleno del Congreso una propuesta de ley que dejaría sin efecto este impuesto en toda España, y que bonificaría al 100% el gravamen tanto por las herencias de padres a hijos y cónyuges, como por las de abuelos a nietos. El PSOE también aboga por modificar este impuesto y homogeneizarlo en todas las autonomías, aunque propone un mínimo, mientras que Unidos Podemos quiere que además sea progresivo al gravar la riqueza.

Las empresas francesas de más de 50 empleados en las que se constatan diferencias salariales entre hombres y mujeres por el mismo trabajo tendrán tres años para aplicar la igualdad de forma efectiva y en caso contrario recibirán multas equivalentes al 1% de su facturación. Este mecanismo entrará en vigor el próximo 1 de enero, cuando todas esas compañías tendrán que evaluar las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres.IGUALDAD

La ministra francesa de Trabajo, Muriel Pénicaud, explicó hoy, en una entrevista a la emisora «France Info», que este mecanismo entrará en vigor el próximo 1 de enero, cuando todas esas compañías tendrán que evaluar las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres.

A partir de esas mediciones, aquellas que incumplan la regla de la igualdad -que existe en la legislación francesa desde hace 45 años- tendrán tres años para hacerla efectiva y si no lo hacen la penalización será del «uno por ciento de la facturación», advirtió.

Ese nuevo dispositivo establece «la fuerte ambición que se ha convertido en un objetivo» en una ley adoptada el pasado verano y que parte de la constatación del «sistema aberrante» que ha permitido la persistencia de esa fractura de género.

Pénicaud dijo que en la actualidad hay una diferencia global del 9 % «por el mismo trabajo», que en términos generales la remuneración de las mujeres durante su carrera profesional es un 25 % inferior a la de los hombres y que sus pensiones son un 37 % más bajas. La ministra insistió en que todas las empresas serán controladas.

“Las nuevas medidas tributarias contempladas en este plan presupuestario anual serán incluidas en tres anteproyectos de leyes que serán tratados en el Consejo de Ministros en las próximas semanas”

Lo informó el Gobierno a Bruselas, explicando que uno contendrá las medidas de lucha contra el fraude, otro la nueva tasa sobre las transacciones financieras y el tercero la creación de un impuesto sobre las actividades digitales. El primero de ellos incluirá la transposición de la Directiva antielusión (ATAD) así como varias medidas para combatir la evasión fiscal, como la actualización del listado de paraísos fiscales. También contendrá una rebaja de 2.500 a 1.000 euros en el límite máximo de pago en efectivo entre profesionales (para recuperar 218 millones de la economía sumergida) y reforzará la lista pública de morosos que publica la Agencia Tributaria incluyendo a los contribuyentes que adeuden más de 600.000 euros, frente al millón actual, y a los responsables solidarios de compañías deudoras.