El TC ha establecido que las empresas podrán vigilar con cámaras a sus empleados sin informarles del fin concreto, en una sentencia que cambia su doctrina y aclara el uso de videocámaras en la empresa. El TC responde a la demanda de amparo de una empleada de Bershka que fue despedida por haberse apropiado de efectivo en la caja, lo que la empresa sustentó en unas grabaciones de una cámara de videovigilancia de la que no se informó a los trabajadores, si bien en el escaparate del establecimiento, en un lugar visible, se colocó el distintivo informativo. El Constitucional ha determinado una excepción a la exigencia de requerir el consentimiento del trabajador.

La cifra de trabajadores sorprendidos en situación irregular ha crecido en los últimos años, pese a reducirse las inspecciones. En La Rioja, durante la última década, la Inspección ha forzado el alta de casi 3.000 trabajadores en situación irregular (678 a falta de contabilizar los resultados del año 2015) y la cifra parece haber ido creciendo durante los años de la crisis. El volumen de las sanciones que llevan aparejadas las altas forzadas por la Inspección ha crecido en proporciones geométricas. Solo en La Rioja, las multas en el año 2014 ascendieron a 2,25 millones de euros, una cifra suculenta que contrasta con las magras cantidades cobradas en ejercicios anteriores.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan los requisitos de seguridad, técnicos y de comercialización de las motos náuticas, embarcaciones de recreo y sus componentes. Este texto traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva comunitaria del 20 de noviembre de 2013 relativa a las embarcaciones de recreo y a las motos acuáticas y que deroga otra Directiva de 1994. Establece nuevos requisitos técnicos de seguridad. Introduce preceptos en materia de vigilancia del mercado, lo que constituye el aspecto más novedoso de esta norma.