Listado anual: 2015

El mayor crédito, por valor de 1 000 millones de EUR, es una línea de crédito destinada a mejorar el acceso a la financiación en condiciones favorables de plazo y precio para proyectos de PYMES y de empresas de mediana capitalización (hasta 3.000 empleados), principalmente en los sectores industrial y de servicios. También se ha firmado el préstamo correspondiente al acuerdo alcanzado entre el BE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en octubre de 2014. Dicho acuerdo tiene como objeto facilitar la expansión internacional de las pequeñas y medianas empresas en Europa, América Latina y el Caribe. Finalmente, la tercera operación firmada consiste en una línea de crédito de 250 millones de EUR, destinada a financiar inversiones de pequeñas y medianas empresas en las Comunidades Autónomas que así lo soliciten.

Es la principal iniciativa del plan de acción para combatir la evasión fiscal que el Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar el 17 de junio. No ha aclarado si la Comisión retomará el mismo texto legislativo que presentó en 2011, introducirá enmiendas o lo cambiará por completo. Sólo ha adelantado que sopesa que la base común sea obligatoria para las empresas a partir de un determinado umbral, en lugar de voluntaria como en su propuesta original, porque «está claro que las empresas que llevan a cabo una planificación agresiva no serán las que se acojan voluntariamente al sistema». Bruselas estudia además introducir un sistema en dos fases y dejar para la segunda etapa «la plena consolidación de la base fiscal a través de las fronteras» ya que «es la parte más difícil porque los Estados miembros deben acordar cómo distribuir los ingresos fiscales».

China recortará los aranceles de importación desde junio a una serie de bienes de consumo, incluyendo ropa de estilo occidental y pañales, lo que podría dar un impulso a las marcas globales y avivar el consumo interno en medio de un crecimiento económico vacilante. La rebaja de aranceles en promedio supera el 50% y representa como una «medida importante para crear un crecimiento estable e impulsar la reforma estructural».

La Ley antimorosidad no ha conseguido frenar la problemática que implica las grandes tasas de morosidad en el sector público y privado español, puesto que España cuenta con un ratio de impagos sobre facturas vencidas que duplica la media europea, un 5,7% frente al 2,85%, que provoca elevadas pérdidas económicas a las empresas acreedoras. Además, el plazo medio de pago de las operaciones ha aumentado hasta los 95 días, por lo que casi duplica la media europea, fijada en 47 días, según estudio elaborado en colaboración con la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Por otro lado, el 83% de las empresas españolas evita acudir a los tribunales para reclamar deudas debido a la lentitud de la Justicia, mientras que el 60% opta por renunciar a parte de las cantidades adeudadas para así reducir la deuda adquirida. Además, el 70% de los empresarios se ha visto obligado a aceptar acuerdos comerciales con proveedores que les obligan a cobrar a plazos superiores a los 60 días.