LA PATRONAL PRESIONA PARA RETRASAR LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL A 2026

La patronal CEOE-Cepyme prepara su estrategia para abordar la reducción de la jornada laboral en España, ahora en 40 horas semanales como máximo, uno de los grandes objetivos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda quiere legislar cuanto antes para cumplir las fechas de su programa de Gobierno, pero el tempo de la negociación entre los empresarios y los sindicatos son otros. La búsqueda del acuerdo llegará, en todo caso, teniendo en cuenta que la parte empresarial quiere preparar con tiempo la reducción de la jornada laboral que pretenden rebajar en 2026. Este mismo lunes Trabajo ha convocado a los agentes sociales a una reunión para avanzar en la búsqueda de un acuerdo.

El Gobierno quiere reducir la jornada laboral de las 40 horas semanales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial y lo quiere hacer en dos tramos: hasta las 38,5 horas en 2024 para llevarlas a las 37,5 horas en 2025. El periodo de transitoriedad es una de las diferencias evidentes que alejan el acuerdo entre los miembros del diálogo social y también con el Gobierno. Fuentes empresariales explican que este punto traza una línea roja en la negociación. El análisis previo del impacto que tendría la reducción de la jornada laboral motiva la prórroga de la decisión. Así, aplazar dos años (desde este año, para cuando está previsto el primer recorte) el inicio de esta medida sería «esencial para el acuerdo».

El sindicato UGT, en cambio, quiere cumplir los plazos, aunque son conscientes de que los plazos son cada vez más ajustados. «No estamos dispuestos a saltarnos ninguna estación», explica a este medio Fernando Luján, Vicesecretario General de Política Sindical de UGT. Desde la perspectiva del sindicato al que representa, el periodo de transición no está en cuestión.

Eso sí, Luján recuerda que son conscientes de las complicaciones que pueden surgir en el proceso de rebaja de 40 a 37,5 horas semanales y aseguran estar «buscando fórmulas» como forma de prevención. Con la negociación al ralentí –los agentes sociales se han citado en un par de ocasiones y a finales de abril tuvieron que desconvocar una reunión por problemas de agenda–, será todo un reto firmar un acuerdo a lo largo del año.

Está previsto que esta reforma afecte a la gran mayoría de los trabajadores asalariados, por cuenta ajena, que tienen jornadas superiores a 37,5 horas. El Ministerio de Trabajo difundió a comienzos de año que 10,3 millones de personas trabajan por encima de ese baremo. La central sindical CCOO estimó que afectará al 94% de los trabajadores cubiertos por convenios colectivos.

Con todo, la voluntad de la parte sindical es la de llegar un acuerdo y presionan por ello. Tienden la mano a CEOE y Cepyme, asegurando que «nos gustaría que la patronal forme parte del acuerdo» para dar certidumbre al diálogo social, a los convenios colectivos y al empleo.

Las prisas por llegar a un acuerdo

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, no quiere demorar más de la cuenta la propuesta estrella que le impulsó al Gobierno con Sumar. Recientemente declaró que «se va a llevar a cabo con carácter inmediato», instando a las dos partes a alcanzar un acuerdo con celeridad. En ausencia de consenso entre los representantes de los empresarios y los de los trabajadores tiene la voluntad de legislar por su cuenta. La ministra de Trabajo realizó estas declaraciones en París, coincidiendo con la presentación de un informe sobre productividad en el que, precisamente, la OCDE le sugería que buscara el consenso con todas las partes.

Según fuentes del diálogo social, es el mismo tono que expuso el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, presente en la reunión celebrada a finales de mayo entre las todas las partes: Gobierno, CEOE, Cepyme, UGT y CCOO. El guante lo recogió el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, apremiando a la patronal a cerrar el acuerdo este mismo mes de junio. Gerardo Cuerva, presidente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), ya concebía un clima de «intervencionismo cortoplacista y populista» respecto a esta medida antes de volver a reunirse con el Gobierno.

Desde el plano empresarial todavía plantean varias cuestiones. Especialmente, qué ocurrirá con la aplicación de la futura jornada ordinaria en trabajos irregulares que demandan más trabajo en temporadas altas, como puede ser el sector turístico, trabajos agrarios en temporadas de recolección o cualquier tipo de puesto cuya actividad demande la realización de más horas. Aunque la irregularidad de los empleos es importante, fuentes cercanas a la negociación explican que no es un punto definitivo del que dependa la reforma.

Una cuestión que podría estar ligada a la posibilidad de ampliar el número de horas extraordinarias que se pueden trabajar, una cuestión que también han puesto sobre la mesa de negociación bipartita, según informó este medio y confirmó el propio Álvarez posteriormente. La posibilidad de modificar las horas extra anuales, en un escenario en el que se verá reducida la jornada laboral, está llamado a ser uno de los grandes aspectos que cerrar para salvar la reforma. Los apoyos políticos que consiga labrar Díaz serán imprescindibles para que la nueva jornada laboral sea fructífera.

¿Quién trabaja más en el continente?

La duración media de la jornada laboral en España en 2023 se situó en 36,4 horas semanales, según datos facilitados por Eurostat para el promedio de horas efectivas trabajadas a la semana en el empleo principal. En España trabajan una hora más que en la los países de la eurozona, donde se promedian 35,4 horas a la semana. Comparando con otros países europeos, se observan diferencias significativas en la duración de la jornada laboral. Por ejemplo, Grecia registró la jornada más larga con 39,8 horas semanales, mientras que los Países Bajos tuvieron la jornada más corta con 32,2 horas. Los turcos, los serbios y los bosnios son los tres países que trabajan más de 40 horas en promedio cada semana.

(Fuente: eleconomista.es)

HACIENDA INICIA LA DEVOLUCIÓN MASIVA DEL IRPF DE 2019 A 2022 POR LAS ANTIGUAS MUTUALIDADES

La Agencia Tributaria arranca la devolución masiva de lo pagado de más en el IRPF entre 2019 y 2022 por las aportaciones realizadas en su día a las antiguas mutualidades.

Hacienda puso el pasado mes de marzo a disposición de los pensionistas en su web un formulario para que solicitaran la devolución de los pagado de más en el impuesto por los últimos cuatro años no prescritos. La Administración devuelve el 25% del IRPF que corresponde con la parte de la pensión por jubilación o invalidez que proceda de las aportaciones realizadas a antiguas mutualidades entre enero de 1967 y diciembre de 1978. Asimismo, la parte de la pensión por aportaciones realizadas antes de 1967 está exenta de tributación.

Hacienda ha señalado en su informe de recaudación correspondiente al mes de abril que las devoluciones por estas solicitudes comenzaron a finales de mayo. Por tanto, los primeros pensionistas que solicitaron el IRPF a través del formulario ya están recibiendo el dinero. La Administración apuntó que una vez se realizara la solicitud, tardaría un máximo de seis meses en hacer las devoluciones. Eso sí, siempre que tenga los datos de los mutualistas.

Cabe recordar que la Agencia Tributaria ya tienen prácticamente todos los datos de los trabajadores que aportaron a las antiguas mutualidades laborales, como las de los bancos y cajas de ahorro, pero está teniendo dificultades para hacerse con la información de las mutualidades sustitutorias de la Seguridad Social, entre ellas la de enseñanza o aquellas que tenían grandes empresas como la de Telefónica. Por ello, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aconsejaron a estos pensionistas esperar a este mes de junio para hacer la Renta para darle más tiempo a la Administración a recopilar los datos.

La Administración se pondrá en contacto con los pensionistas para requerirles documentación en los casos en los que no la obtenga por su cuenta.

Primeras sentencias

El fisco ha comenzado a realizar a partir de abril las devoluciones de aquellos jubilados que acudieron a los tribunales. El Tribunal Supremo ya fijó en febrero de 2023 que la parte de la pensión correspondiente a aportaciones entre 1967 y 1978 solo tributa en un 75% si no se puede acreditar la cuantía. No obstante, Hacienda estaba esperando a que el Alto Tribunal se pronunciase sobre cómo se debía calcular la parte de la pensión correspondiente a las mutualidades para iniciar las devoluciones, algo que el Supremo aclaró este enero.

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Hacienda reconoce que en los cuatro primeros meses del año ha devuelto 124 millones de euros a los mutualistas, la mayor parte en abril. «Estas devoluciones son correspondientes a recursos interpuestos en años anteriores», reconoce el fisco, y alguna devolución hecha por la Renta de 2023.

La mayor parte de las devoluciones está por venir. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que hay 4,8 millones de potenciales afectados entre jubilados y herederos de éstos.

Disparidad en las devoluciones

Las compensaciones por las mutualidades distan económicamente. Los maestros que aportaron a la mutualidad nacional de la enseñanza están recibiendo 10, 20 o 40 euros por año ya que sus cotizaciones eran pequeñas, mientras que antiguos empleados de banca perciben hasta 2.000 euros por año, ante los elevados sueldos que tuvieron.

(Fuente: eleconomista.es)

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