Entre enero y septiembre de 2015 el Ministerio de Empleo revisó 374 procesos de incapacidad temporal y decidió retirar la prestación en 160.702 casos. Esto supone el 40% de todas las bajas revisadas. Según los datos incluidos el Informe de evaluación del Pacto de Toledo entre 2011 y 2015, este porcentaje de prestaciones que se han comprobado irregulares fue similar en 2014 y 2013 y ligeramente mayor en 2012 (45%). El control no se produce siempre con la visita a instalaciones médicas del trabajador enfermo, sino que usan métodos de criba para detectar posibles fraudes. Entre estos métodos están contrastar la duración de la baja en cuestión con la duración estándar de esa patología o su duración óptima; el acceso a los historiales médicos por parte de los inspectores médicos del INSS; o el análisis detallado de los trabajadores “hiperconsumidores” de la prestación y de los médicos “hiperprescriptores” de bajas médicas. En el caso de la jubilación parcial, la Seguridad Social controla que no se produzca fraude en connivencia con el empresario, para facilitar el acceso, cuyas condiciones se han ido endureciendo. Así, desde 2012 la inspección de la Seguridad Social ha abierto casi 5.000 expedientes de responsabilidad empresarial, en los que ha reclamado una deuda de 33,2 millones.

El tuit de oro que deportistas de élite, personajes famosos o activos usuarios con cientos de miles de seguidores en las plataformas digitales han encontrado en las redes sociales. Los anunciantes han comprobado que si el mensaje se vende como opinión del famoso y no como publicidad, “el impacto psicológico en el lector de ese tuit es mucho mayor al considerar que se trata de una recomendación sincera y no de un anuncio”. “El tuit fruto de un acuerdo publicitario que no informa de la existencia de ese contrato infringe claramente el principio de autenticidad o identificación publicitaria recogido en la legislación y el Código de Conducta de Autocontrol”.

El Ayuntamiento de Madrid calcula que podrían aflorar hasta 100.000 construcciones con el plan de regularización catastral iniciado,  el 5% del parque. Primero se procederá a cruzar la información del Ayuntamiento con la del Catastro y allí donde aparezcan discrepancias se verificará sobre el terreno. Para el contribuyente, la actualización más común, por obras no declaradas menores, oscilará entre 50 y 100 euros por año de IBI no prescrito. El concejal de Hacienda de Madrid  quiso dejar claro qué tipo de obras serán las más susceptibles de ser inspeccionadas por los agentes del Catastro. Podrían verse afectados algunos cerramientos de terrazas concretos, como aquellos de algunos áticos, donde el resultado final supone un aumento considerable de metros cuadrados útiles. También, se analizarán las rehabilitaciones integrales de algunos edificios que no fueron declaradas con arreglo a la ley. El Ayuntamiento explicó que si estas obras además no contaron con licencia urbanística, sus responsables serán multados.