El Acuerdo Interprofesional de Cataluña (AIC) para el periodo 2015-2017 aboga por intensificar la flexibilidad laboral en las empresas y defiende una mejora de los salarios similar a la pactada en el conjunto de España (1,5% en 2016), pero condicionada a la marcha de cada empresa y sector y fijada en función del consumo interno, la productividad y la competitividad. El documento también incluye referencias a extender las retribuciones variables en las empresas. La fecha que se baraja para la firma del pacto definitivo es el 27 de noviembre. El documento hace referencia a la necesidad de cambiar fórmulas de retribución anticuadas y pide generalizar las retribuciones variables, que se fijarían de acuerdo a parámetros concretos, como la productividad. En contra se apuesta por acabar con algunos complementos como los de antigüedad.

Los extranjeros de países no europeos que tienen un permiso de residencia en España ascendían a 30 de junio de este año a 2.110.183 personas, la cifra más baja que se ha registrado desde que en 2006 esta población rebasara por primera vez la barrera de los dos millones de personas. Los foráneos de la UE, 2,8 millones de personas, son ya el 57,23% del total. Según la estadística del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) actualizada a 30 de junio, desde que España alcanzase el mayor número de extranjeros de fuera de la UE en el año 2009 con más de 2,5 millones de inmigrantes, la cifra se ha reducido en 393.635 personas tanto por el acceso a la nacionalidad española como por el retorno a los países de origen, la emigración a otros Estados o la pérdida del permiso de residencia.

Los salarios pactados en convenio crecieron un 0,75% hasta el pasado octubre, el mismo porcentaje que el mes anterior y apenas 18 centésimas más que en el mismo mes del año anterior, según el registro de convenios del Ministerio de Empleo. En los 10 primeros meses del año hay 1.269 descuelgues tramitados que afectan a 35.188 trabajadores, un 44% y un 53% menos, respectivamente. También hasta octubre se aprecia cierta recuperación de la negociación colectiva. En los 10 primeros meses del año se han firmado 1.971 convenios que cubre a 5,6 millones de asalariados

El Gobierno aprueba el Plan PIMA Empresa con una dotación de 5 millones de euros para incentivar la reducción de emisiones de CO2 en el sector empresarial. Con este Plan, se trata de incentivar a las empresas que han mostrado su compromiso en la lucha contra el cambio climático mediante su inscripción en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Las actuaciones que podrán adherirse a este Plan deberán realizarse desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 31 diciembre 2016 y se establecen unas limitaciones por empresa de 150.000 euros o del 15% de la inversión realizada para reducir emisiones pudiendo ser compatible con otras ayudas de impulso a la eficiencia energética. La ventaja de este Plan radica en que la empresa podrá presentar varias actuaciones en diferentes áreas y que el incentivo lo recibe una vez ejecutadas y verificadas las inversiones elegibles.